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Geopolítica......

CRISIS VENEZOLANA

Colombia dialogó con Rusia y Canadá quiere reunirse con Cuba, ¿cambió la estrategia de los aliados?

En medio de las tensiones en el territorio venezolano que no cesan en su escalada, y luego de las fallidas reuniones entre ambas partes del conflicto: Nicolás Maduro y Juan Guaidó, en Noruega la semana pasada, los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y de Rusia se reunieron en Moscú para discutir, entre otras cosas, como proceder con la situación en Venezuela. En tanto, Canadá intenta consolidar reuniones con Cuba. ¿Son las conversaciones con países y organizaciones no aliadas, la nueva estrategia de lo países externos al conflicto venezolano?

Docentes comunistas del Partido de la Costa informan

Que no acepta este 15% sin clausula Gatillo que propone dar la nefasta gobernadora Maria Eugenia Vidal, quien le hecha la culpa a Mauricio Macri diciendo que ella sigue ordenes del poder nacional...

 Por esto los docentes del Partido de La Costa dicen en este comunicado que no arrancaran con las clases la semana que viene...
 
   Paro Nacional ya!!!

Auspicia el programa "Petrinca y Olaen" Agua Proletaria ... El agua del trabajador y la trabajadora...

El libro de Lenin sobre imperialismo es muy bueno para comprende rla realidad política y económica que vive la argentina del 2016

                               

Colombia: Su gobierno no desarrolla viviendas para comunidades campesinas excluidas

La vivienda digna para los campesinos es una de las tareas que el gobierno nacional tiene pendiente, las cifras del censo nacional agropecuario indican que en este tema existe un déficit de más del 30 por ciento.

Por: Periódico El campesino

Entre el cumulo de problemáticas que aquejan al sector rural, la vivienda digna ha sido una de las temáticas en las que los campesinos han realizado más exigencias, y no es para menos, las estadísticas del DANE indican que al menos 8 de cada 10 campesinos viven por debajo de la línea de la pobreza, eso quiere decir que ni siquiera cuentan con vivienda o si la tienen, está en malas condiciones.

En sentido el diario regional EL PILÓN en su versión digital, informó que esta semana se entregaron viviendas  rurales a campesinos de los municipios de Dibulla y San Juan del Cesar en el departamento de la Guajira. Estas viviendas hacen parte del programa de vivienda rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

El Ministro Iragorrí afirmó para el diario caribeño, que se construirán nuevas casas rurales con más metros construidos, un cuarto más y otro adicional para guardar las herramientas, también serán construidas pensando en los fenómenos climáticos de cada región, afirmó el titular de la cartera rural.

El municipio de Dibulla se entregaron 69 casas campesinas, se espera que al finalizar el proyecto sean al menos 137 familias que se beneficien con esta iniciativa. Entre tanto en el municipio de San Juan del Cesar fueron entregadas 46 casas en el corregimiento los Haticos.

La Guajira es uno de los departamentos que presenta mayor índice de pobreza social, hace tan solo un año el gobierno nacional informaba que llegarían con agua potable a la alta Guajira, los casos de muerte por desnutrición en la comunidad indígena local se cuentan por decenas.

La burguesía colombiana quiere evaluar a los docentes con vídeos...

Luis Grubert, presidente de Fecode.

Según lo informó la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el decreto fue producto de un trabajo conjunto de los rectores de las universidades Pedagógica, de Antioquia y Distrital, el Ministerio de Educación y la Fecode con el Centro de Investigación Docente.

“El proceso de discusión fue intenso, extenso, pero podemos decir que llegamos a feliz término, ya solo restan los trámites de publicación. Fue producto de la concertación y recoge el espíritu de que la evaluación debe ser diagnóstica formativa, con base en lo acordado en mayo. Creemos que ahora que venga la reglamentación de la nueva evaluación, con nuevos criterios e instrumentos, estaremos habilitando una nueva manera de ascender, donde la dignidad del maestros se respete”, manifestó Luis Grubert Ibarra, presidente de la Federación.

El diseño de los criterios aún está en discusión. Sin embargo, Grubert explicó que para ser calificado el maestro presentará un video que recogerá su práctica pedagógica en el aula, y el cual lo mirarán dos pares académicos. Si el docente demuestra que hace lo que requiere el PEI de la institución es ascendido. Sin embargo, si el maestro tiene alguna deficiencia, se someterá a un curso para que esta sea superada y pueda ascender inmediatamente.

El par será un maestro igual al que está siendo evaluado, con el mismo nivel de escolaridad, la misma formación y el mismo sector territorial. De hecho, será la misma Secretaría de Educación la que lo designe. El presidente de Fecode desmintió que el Ministerio buscará firmas particulares para contratar a estos asesores.

Agregó: “Nuestra propuesta es que haya un banco de pares y, según se necesiten, reciban un entrenamiento para que sepan lo que calificarán. Ese par tampoco puede hacerlo de manera caprichosa, por eso se recogerá la opinión de más de uno, para que no sea una mirada subjetiva que no dé cuenta de lo que hizo el maestro”. En ese sentido, la calificación se hará con objetividad, con un resultado de ‘aprobó’ o ‘no aprobó’. Si es este último caso, debe hacer el curso.

Con respecto al curso, será ofrecido por una universidad de reconocida idoneidad, con programas acreditados, para garantizar calidad, como dice Grubert, “que no se improvise ni se haga feria de cursos”. Incluso, las universidades están proponiendo hacer educación continuada, es decir, que esos cursos sean habilitados como un módulo parte de una maestría y que conduzcan a títulos. En la lista de instituciones estarían las tres referentes del diseño, pero otras pueden ofertar los cursos más adelante.

En cuanto al pago, la Nación financiará una parte y los entes territoriales otra. “Aspiramos que el maestro no tenga que hacer mayor esfuerzo que pagar el pin para el respectivo trámite”, aclaró Grubert.

La primera convocatoria es en septiembre, para los docentes que no han ascendido por la evaluación de competencias. Hecha la evaluación se sabrá qué tipo de cursos se requieren, con base en los diagnósticos de los maestros.

“Nuestra pelea es que lo que se haga se haga bueno, para que la educación sea la que gane, para que el maestro se dignifique y que nuestros estudiantes salgan mejor preparados”, concluyó el presidente de Fecode.

Argentina - Buenos Aires Plan Cóndor: hoy comienzan los alegatos del CELS Autor: CELS

03/07/2015  

                                                                Argentina -  Buenos Aires 

Plan Cóndor: hoy comienzan los alegatos del CELS

Autor: CELS

El juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor entró en su etapa final. 

Luego de 16 años de tramitación podemos acreditar la existencia de una coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur para perseguir y eliminar opositores políticos más allá de las fronteras nacionales. El Plan Cóndor fue también el proyecto criminal de una asociación ilícita dedicada a la desaparición forzada de personas, entre otros delitos.

El juicio oral comenzó en marzo de 2013 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 y tiene un cúmulo de prueba nunca antes visto en lo que hace a la documentación. Esto permitió armar el mosaico de todos los países cuyos compatriotas sufrieron los crímenes de esa asociación ilícita y el análisis del juicio por binomios represivos trazó un extendido mapa de víctimas.   Los acusados Humberto José Ramón Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Bernardo José Menéndez, Antonio Vañek, Eduardo Samuel Delío, Federico Antonio Minicucci, Néstor Horacio Falcón, Eugenio Guañabens Perelló, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Carlos Horacio Tragant, Juan Avelino Rodríguez, Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Luis Sadi Pepa, Rodolfo Emilio Feroglio, Enrique Braulio Olea y Manuel Juan Cordero Piacentini deberán responder por los delitos contra 106 personas detenidas-desaparecidas. 

El imputado Miguel Ángel Furci está siendo juzgado por las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos que padecieron 67 personas en el centro clandestino de detención Automotores Orletti que, aunque no el único, fue el más importante campo de concentración para las víctimas del Plan Cóndor en la Argentina.

El CELS integra la querella unificada junto con el Equipo Jurídico Kaos, la Fundación Liga Argentina por los DDHH y la abogada Alcira Ríos. Representa, además, a los familiares de los ciudadanos argentinos Horacio Campiglia, Susana Pinus de Binstock y Norberto Habegger, desaparecidos en Brasil, y Marcelo Gelman y María Claudia García Irureta Goyena, desaparecidos en Argentina y Uruguay, y a los del uruguayo Bernardo Arnone, desaparecido en Argentina. También representábamos a los familiares de María Emilia Islas Gatti y de Juan Pablo Recagno Ibarburu, que murieron durante la tramitación de la causa.

Los invitamos a acompañarnos hoy, desde las 14, en los tribunales de Comodoro Py 2002 para nuestra primera jornada de alegatos. Se prevén dos más, el 7 y el 10 de julio. 

Colombia: Mesa de Paz entre el Gobierno y La FARC

El acuerdo sobre la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición es de vital importancia para el proceso de paz. Es una derrota a los opositores al acuerdo político de paz estable y duradera.

Redacción de Paz

Por fin hubo humo blanco. No fue fácil. Fueron necesarias largas discusiones y, sobre todo, convencer al presidente Juan Manuel Santos, bajo enorme presión del uribismo, de la cúpula militar, de la “gran prensa” y de sus propias debilidades, para que al terminar el ciclo 37 de la Mesa de Diálogos, el 4 de junio próximo pasado, se anunciara el acuerdo para la creación de la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, que estará conformada por 11 comisionados y cuya duración será de tres años.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los enemigos conocidos y declarados de la paz (Uribe, Centro Democrático, Ordóñez, José Obdulio y Paloma Valencia, entre otros ya conocidos de autos) se manifestaron en contra. Estaban ilusionados con lo que Santos había dicho en varias ocasiones: los únicos que deberían ser enjuiciados como victimarios son los jefes de la insurgencia.

Sin embargo, la mayoría de los colombianos y de la comunidad internacional recibieron muy bien la noticia. “Llegó el momento de la verdad”, “la verdad tiene la palabra”, “la hora de la verdad”, “es un paso trascendental y hasta histórico”, fueron las exclamaciones de voceros de la izquierda, de los partidos de la Unidad Nacional, de organizaciones no gubernamentales y de académicos que siguen en detalle y rigor cada paso que se da en el proceso de paz.

Mientras en La Habana, el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle Lombana, decía que “es la primera vez que las FARC aceptan un sistema integral de justicia”, en Bogotá el presidente Santos escribió en Twitter: “Celebramos acuerdo en La Habana sobre creación Comisión de la Verdad. Importante paso”.

Un paso importante

Y ese es un paso importante, como también lo reconocieron los dirigentes de las FARC-EP, porque más allá de la explicación limitada de Humberto de la Calle Lombana, en realidad, al final, los voceros gubernamentales tuvieron que aceptar que el universo de las víctimas sea más ancho para el conocimiento de la Comisión.

“Todos tienen que darle la cara a las víctimas sobre la base del origen del conflicto, sus causas, sus razones, sus víctimas y victimarios”, dijo Carlos A. Lozano Guillén al intervenir en el XI Congreso de Fensuagro en Bogotá, durante el fin de semana pasada. Y agregó: “El Gobierno Nacional no podrá eludir el reconocer la responsabilidad histórica del Estado en el conflicto como principal responsable de la violencia en Colombia, junto a sus paramilitares, políticos tradicionales, empresarios, ganaderos, militares y los gobiernos de Estados Unidos que estimularon y financiaron buena parte de la guerra contrainsurgente y anticomunista del Estado colombiano”.

Pero al mismo tiempo, como lo advirtieron la delegación de paz de las FARC-EP en La Habana y analistas independientes, el acuerdo abre la puerta para examinar otras posibilidades e investigar con rigor otros episodios del conflicto, porque este es un asunto fundamentalmente político y no jurídico como lo pretenden el Gobierno Nacional y algunos de sus amanuenses, que sueñan con ver tras las rejas a los comandantes guerrilleros como si así le pusieran punto final al conflicto de 60 años que tiene origen en causas políticas, sociales y económicas.

Otto Morales Benítez, en su sabiduría, advirtió en su última entrevista de prensa, pocas semanas antes de morir, que un conflicto de la naturaleza del colombiano no se resuelve con encarcelar a los guerrilleros. “Nadie pacta un acuerdo de paz para irse a prisión”, dijo Morales Benítez, uno de los pioneros en el país de los diálogos de paz con la insurgencia.

Otras posibilidades

Varios voceros de organizaciones no gubernamentales y del Frente Amplio por la Paz respaldaron la propuesta guerrillera de hacer públicos los archivos de inteligencia militar sobre el conflicto.

“Necesitamos abrir esos archivos. Llegó la hora de conocer la verdad pura y limpia, las causas y la identidad con nombres y apellidos de los máximos responsables que nos han impedido en 190 años de vida republicana salir del oscuro laberinto de exclusión y violencia política que aflige y que todavía mantiene a Colombia encadenada al despotismo de la guerra. Necesitamos, como el aire para respirar, la paz; y para construir nuestra reconciliación sobre la roca de la no repetición y del nunca más”, dice un comunicado de la Delegación de Paz de las FARC-EP, divulgado el mismo día del acuerdo sobre la Comisión de la Verdad en la capital cubana.

“¿Por qué reclamamos que se abran los archivos? Porque la paz necesita la verdad, identificar a los responsables supremos del conflicto social y armado, para, a partir de la verdad histórica, acordar fórmulas de solución, ya sean políticas, ya sean jurídicas. No compartimos que se objete la apertura de los archivos aduciendo normativas obstruccionistas inventadas para ocultar la verdad. No estamos pidiendo que se abran los archivos de la política internacional de Colombia, sino aquellos referidos a la violación sistemática de los DDHH y el DIH, al paramilitarismo, los falsos positivos, crímenes de lesa humanidad y a todos aquellos que develan la existencia de victimizaciones sistémicas”, dice la misma declaración.

Falta aún, por supuesto, definir el concepto de aplicación de la justicia, porque el Gobierno Nacional y los intereses que representa insisten en la llamada justicia transicional que es selectiva y excluyente, al contrario de lo estipulado sobre el universo a estudiar por la Comisión de la Verdad.

“Hemos propuesto analizar doctrinas jurídicas aceptadas por la comunidad internacional que nos ayuden a los colombianos a convenir fórmulas que saquen este proceso al otro lado. Jamás se podrá equiparar el derecho a la rebelión al terrorismo de Estado. En Colombia se penaliza el derecho constitucional a la protesta, que para que sea protesta tiene que ocupar vías y obstruir el transporte público. Se encarcela a quien lance objetos contra la Policía represora”, dijo Iván Márquez, jefe de la Delegación de Paz de las FARC-EP.

La Comisión

La comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, nombre que se le dio, comenzará a operar una vez se firmen los acuerdos de paz. Será de once comisionados, tres de los cuales serán extranjeros. Su presidente será una personalidad colombiana de solvencia académica e intelectual. La vigencia será de tres años.

Ha sido definida como un mecanismo independiente e imparcial de carácter judicial. La Comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia y reparación. El estudio y análisis abarcará todo el periodo del conflicto y el principal insumo es el informe de la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas. El universo es total, no hay exclusiones y se tendrá en cuenta no solo a la guerrilla sino también al Gobierno, los paramilitares, los empresarios, los militares y todos aquellos que resulten comprometidos en la promoción, complicidad y ejecución de delitos de lesa humanidad.

El trabajo de la comisión por las funciones que tiene es clave. “La comisión tendrá la dura labor de mirar hacia el futuro: reabrir heridas, sí, pero también construir una mejor convivencia en los focos de la guerra”, dice el editorial de El Espectador del pasado domingo 7 de junio.

“Cometen una gran equivocación todos los sectores que piensan que a sangre y fuego las FARC van a aceptar condiciones de sometimiento. Ese es un camino que no da resultados. Para hablar de justicia hay que hablar de verdad. Sin establecer la verdad completa es imposible hablar de responsabilidades y la guerra en Colombia tiene múltiples: políticas, económicas, militares, morales y penales”, le dijo Pablo Catatumbo a El Espectador en entrevista con Alfredo Molano Jimeno el domingo anterior.

Ciudad de Cali, Colombia......Continua el paro docente ya más de 15 días van

                  Paro de docentes en la ciudad de Cali, Colombia

En Cali los padres de familia se encuentran desesperados porque la creatividad se les está agotando, dado no saben qué hacer con sus hijos ya que no han podido asistir a clases, a raíz del paro de maestros que completó 13 días. ya. Ante la inoperancia del Gobierno de Colombia que no quiere pagarles lo básico que cuesta la canasta alimenticia en Colombia.

Algunos tienen que pasar el tiempo jugando en el computador, celular, ver televisión o sencillamente permanecer en las casas encerrados, con familiares o vecinos.

"Yo estoy aburrida porque nosotros deberíamos estar estudiando, en la casa no estamos haciendo nada", dijo Brenda Lozano, estudiante sin clase. Pero apoya la lucha de los docentes. Dado que entiende la explotación que sufren los trabajadores de la educación colombiana. 

Esto muestra que la lucha de clases en Colombia esta aumentando ante este gobierno liberal que no quiere respetar el servicio básico a la educación que su pueblo necesita.

Varias de los menores de edad que están sin clases son llevadas al parque para que se distraigan.

"Cuando uno está trabajando uno no sabe qué hacer, toca en varias oportunidades llevarlos a donde uno vaya", dijo Estefani Barbosa, madre de menor afectado por el paro. Nos cuentan, mientras que otros acompañan en la marcha a los docentes.

En la ciudad hay más de 90 mil estudiantes de las sedes educativas públicas que no reciben clases por el cese de actividades que ya completa cerca de dos semanas. Y el Estado burgués no quiere aumentar el sueldo de los trabajadores de la educación.

solamente el genuino reclamo de los docentes logrará que el Estado incompetente colombiano les abone lo necesario para vivir dignamente. 

                                          Luciano Larroca (docente)

Declaración de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP

ALBA-TCP ratifica su compromiso con la aplicación del derecho internacional, resolución pacífica de los conflictos, los principios de no intervención y llaman a los gobiernos a actuar en el marco de los principios universales y la carta de las Naciones Unidas.

Declaración de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos     (ALBA – TCP)

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, representantes de los países miembros del ALBA, reunidos el 17 de marzo de 2015 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, declaramos:

1.    Nuestro rechazo a la Orden Ejecutiva emitida el 9 de marzo de 2015 por el Gobierno de Estados Unidos de América, sobre la base de que esta Orden Ejecutiva es injustificada e injusta, que  constituye una amenaza  de interferencia contra el principio de soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.
2.    Nuestro compromiso con la aplicación del derecho internacional, resolución pacífica de los conflictos y los principios de no intervención y llaman a los gobiernos a actuar en el marco de los principios universales y la carta de las Naciones Unidas, en particular la necesidad y la disposición de los gobiernos de abstenerse del uso de recursos coercitivos unilaterales que violen el derecho internacional.
3.    Nuestra solicitud soberana y sincera al gobierno de  Estados Unidos para acoger y establecer el diálogo con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como alternativa al conflicto y a la confrontación, fundamentada en el respeto permanente de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y los estados-naciones independientes.
4.    Nuestra propuesta de conformar un Grupo de Facilitadores de nuestro hemisferio y sus instituciones (CELAC, UNASUR, ALBA-TCP y CARICOM) para facilitar una diplomacia de compromiso entre los gobiernos de Estados Unidos de América y de la República Bolivariana de Venezuela para aliviar las tensiones y garantizar la resolución amigable.
En tal sentido, decidimos:
1.    Ratificar nuestro compromiso y apoyo irrestricto con la hermana República Bolivariana de Venezuela, en la búsqueda de los mecanismos de diálogo con el Gobierno de los Estados Unidos, para que cesen las agresiones de este gobierno contra Venezuela. 
2.    Reafirmar que América Latina y el Caribe es una Zona de Paz, donde las naciones impulsan procesos de integración y relaciones de amistad, con el fin de seguir garantizando la mayor suma de felicidad para nuestros pueblos.
3.    Enfatizar que la hermana República Bolivariana de Venezuela no representa amenaza para ningún país, siendo una nación solidaria que ha demostrado su voluntad de cooperación con los Pueblos y Gobiernos de toda la región, convirtiéndose en garantía para la Paz Social y la estabilidad en nuestro continente. 
4.    Exigir al Gobierno de los Estados Unidos que cese de inmediato el hostigamiento y agresión contra el Gobierno y pueblo venezolanos, por cuanto dicha política alienta la desestabilización y uso de la violencia por parte de sectores de la oposición venezolana. 
5.    Resaltar que la Orden Ejecutiva aprobada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, desconoce flagrantemente la “Declaración de Solidaridad y Respaldo a la Institucionalidad Democrática, al Diálogo y la Paz en la República Bolivariana de Venezuela” aprobada por el Consejo Permanente de la OEA el 7 marzo de 2014.
6.     Denunciar la feroz campaña mediática internacional contra la hermana República Bolivariana de Venezuela y su gobierno, encaminada a desacreditar la Revolución Bolivariana, intentando crear las condiciones para una intervención de mayor escala y ajena a la solución pacífica de las diferencias. 
7. Reiterar el más firme respaldo al gobierno democráticamente electo y legítimo de la presidenta de la hermana República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, contribuyendo al fortalecimiento y consolidación de los valores y principios democráticos, de la libertad y solidaridad en Nuestra América.
8. Manifestar las más profundas palabras de solidaridad y apoyo con la Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y demás funcionarios de su gobierno, quienes están siendo sometidos a una campaña de desprestigio personal e institucional por parte de sectores de la derecha política y mediática de su país, a la vez de ser agredidos por los fondos buitres y el capital financiero internacional.
9. Saludar el diálogo constructivo sostenido en la XX Reunión de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), realizada en Antigua-Guatemala el pasado 10 de marzo de 2015, acerca de la desproporcionada Orden Ejecutiva firmada por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, contra la República Bolivariana de Venezuela.
10. Instruir a los Embajadores de los países miembros del ALBA - TCP en todo el Mundo, a desarrollar una campaña de información y difusión, acerca de la verdad sobre lo que ocurre en Venezuela, y las amenazas que sobre ella y la región se ciernen. 
11. Exhortar a los movimientos sociales, obreros, estudiantes, campesinos, indígenas, mujeres, a movilizarse de manera permanente y a mantenerse en vigilia para informar al Mundo entero y a los Pueblos de nuestra América, que Venezuela y el Gobierno legítimo del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, no están solos y que los Pueblos del Mundo rechazan de manera categórica esta nueva intervención imperial en la Patria grande, cuyas consecuencias pueden ser nefastas para la Paz y la estabilidad de la región.
12. Reafirmar que el ALBA-TCP continuará promoviendo la unidad, integración, solidaridad, convivencia pacífica como expresión del ideal y compromiso latinoamericano y caribeño por la construcción de una región y un mundo de paz, como base fundamental para consolidar las relaciones entre los pueblos.
Además, declaramos y reiteramos, en el contexto de un compromiso eficaz de no confrontación, nuestro respaldo a la “Carta al Pueblo de los Estados Unidos de América: Venezuela no es una amenaza”, emitida por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en particular en lo que se refiere a los siguientes aspectos:
a)    El compromiso de Venezuela con la libertad, la independencia y el multilateralismo.
b)    La creencia fundamental de Venezuela en la paz, la soberanía nacional y el derecho internacional.
c)    La realidad de Venezuela como una sociedad abierta y democrática de acuerdo a su Constitución y las aspiraciones de su pueblo.
d)    La amistad de larga data de Venezuela con el pueblo de Estados Unidos.
e)    La acción falsa e injusta, unilateral y desproporcionada en los términos de la Orden Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos de América mediante la cual se declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos de América.
f)    La declaración por parte de Venezuela del carácter sagrado de su soberanía.
En consecuencia, nosotros, los líderes del ALBA-TCP, nos solidarizamos con Venezuela. Conocemos nuestras libertades fundamentales y hacemos valer nuestros derechos. Respaldamos inequívocamente a Venezuela en la defensa de su soberanía e independencia y el hecho de que lo haga de pie y no de rodillas.
En este sentido, solicitamos al Gobierno de Estados Unidos de América, y específicamente al Presidente, Barack Obama, derogar la Orden Ejecutiva aprobada el 9 de marzo de 2015, por cuanto constituye una amenaza a la soberanía y una intervención en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela.
Adoptada en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 17 de marzo del 2015.