Los datos de la propia administración PRO dan cuenta de que la educación no es una prioridad. Los programas de atención a los sectores más vulnerables y la mejora de la enseñanza tuvieron en lo que va del año un bajísimo nivel de ejecución.
“La solución a la pobreza pasa por la generación de puestos de trabajo de calidad. Todos sabemos que eso no se logra mágicamente, se alcanza con la educación, algo central”, dijo el presidente Mauricio Macri la semana pasada al entregar el galardón “Maestros Argentinos”, un día después de anunciar un índice de pobreza del 32,4 por ciento. La realidad muestra que la prioridad discursiva del líder de Cambiemos no se refleja en la ejecución del presupuesto educativo. El año pasado se habían incorporado 150 mil jóvenes adultos a la educación formal y 29 mil se habían alfabetizado, en este primer semestre ninguno.
En el nivel universitario las casi 20 mil becas destinadas a estudiantes de bajos recursos no se pagaron durante los primeros seis meses del año. Los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda de la Nación dan cuenta de que las áreas destinadas a mejorar las condiciones de aprendizaje son las más postergadas. Al 30 de septiembre, se usó apenas el 10,94 por ciento de los fondos previstos para el programa de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica; el 19,16 por ciento de lo pautado para Infraestructura y Equipamiento; el 31,35 por ciento en Acciones Compensatorias y el 30,94 por ciento en Formación Docente. La fórmula del recorte combina inoperancia con ajuste en proporciones equivalentes. En los últimos tres meses del año, los tiempos del Estado tornan imposible hacer lo que no se hizo en nueve.
La información surge del Sitio del Ciudadano de la Secretaría de Hacienda de la Nación que releva mes a mes la eficiencia de cada dependencia del Ejecutivo y del informe de ejecución física financiera trimestral de la misma cartera. Educación tiene un promedio de ejecución presupuestaria del 63,98 por ciento. La media logra elevarse por el cumplimiento de lo pautado para el pago de salarios: el Fondo de Incentivo Docente se ejecutó en un 83,55 por ciento y el presupuesto de las universidades en el 69,52. El compromiso en la liquidación de haberes limita el margen de maniobra para el recorte o la dilación en el cumplimiento de lo pautado. En cambio, en todo lo que tiene que ver con políticas compensatorias y mejoramiento de las condiciones de educabilidad se hace evidente la discrecionalidad de la concepción de política educativa.
Del dicho al hecho
“Se necesita que cada uno de los niveles educativos logre sus objetivos, es decir que se invierta en capacitación docente, en herramientas tecnológicas o de didáctica, o lo que haga falta, porque la verdad es que todos los chicos pueden aprender”, suele repetir el ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich. Como en otras áreas de gobierno, en Educación es notorio el contraste entre lo que se hace y lo que se declama. Hace diez días, el secretario de Gestión Educativa, Max Gulmanelli, posteó en Facebook: “Feliz Día de las Bibliotecas Populares. Los libros son fuente de inspiración. Nos hacen pensar y sentir.” Es el mismo funcionario que a principios de agosto declaró: “Visitando establecimientos de todo el país, notamos que se han repartido muchos libros, pero se ha leído poco de ese material.” Consecuencia: para 2016 se había previsto distribuir 5 millones de ejemplares pero no se compraron libros. Informaron además que se decidió no comprar más literatura para las escuelas secundarias.
En el informe periódico sobre “Presupuesto en educación: ajuste y subejecución”, el Instituto Marina Vilte de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), advirtió a principios de septiembre que “la redefinición de políticas” se está dando a través del desmantelamiento de los equipos técnicos, de los despidos masivos y del cierre de importantes planes y programas que se encontraban en ejecución: como por ejemplo, el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Plan Fines), y el Plan Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), así como también la discontinuidad de las obras de infraestructura escolar y de la compra y distribución gratuita de millones de libros a todas las escuelas del país”.