La CTA Autónoma del Chaco se solidariza con los trabajadores despedidos del Estudio Zuazquita, de Resistencia. Solicita la intervención de la Dirección de Trabajo, AFIP y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La CTA Autónoma del Chaco recibió - durante su reunión habitual de Mesa Provincial- a trabajadores que prestaban servicios en el estudio jurídico contable Zuazquita, de Resistencia, a fin de conocer las circunstancias en la que se produjeron los despidos.
Con profunda preocupación los trabajadores Pablo Benítez y Germán Valdez expusieron que tenían una antigüedad de 9 años y de 1 año y 9 meses, respectivamente; recibían un salario de 4.500 pesos; no tenían registradas sus labores y fueron despedidos sin recibir ninguna indemnización.
Según datos de los empleados despedidos, habría alrededor de 60 trabajadores dependientes del Estudio Zuazquita en situación de absoluta precariedad laboral: no inscriptos, salarios por debajo del costo de la canasta familiar básica, ambientes laborales y totalmente indignos e ilegales.
Desde la central obrera, expresaron: “tomamos conocimiento que esta gestoría dedicada a tramitar jubilaciones en las provincias de Chaco, Corrientes. Y según una denuncia, habría estafado a una anciana, quien le habría encargado los tramites jubilatorios, entre otros casos. Además, habrían allanados sus oficinas en Resistencia por orden de un juez penal de Reconquista (Santa Fe), por supuesta y tentativa estafa”.
Ante este delicado contexto, la CTA Autónoma del Chaco expresó solidaridad y puso a disposición de estos trabajadores “toda la contención traducida en la asistencia profesional y la visibilidad necesarias en el acompañamiento a su reclamos”; además, repudió “ la metodología del despido ilegal a los trabajadores, exigiendo su reparación dentro de la mayor brevedad, a través del respeto a las normas que regulan el Estado de Derecho y evitar, de esta manera, que mas trabajadores pasen engrosar las estadísticas de la indigencia en nuestro país”.
Por todo ello, es que se solicitó la intervención de los órganos de control pertinentes: Dirección de Trabajo, AFIP y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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